NJ invertirá $20.2 millones en abogados para inmigrantes que enfrentan deportación, incluso en Delaney Hall

La administración de la gobernadora Mikie Sherrill nombró a los proveedores incluidos en el fondo de defensa contra la deportación. Ian Peters | Para NJ.com

Por Lia Opperman, NJ.com

Nueva Jersey ha asignado $20.2 millones entre 10 proveedores de servicios legales para representar a residentes que enfrentan detención y deportación por inmigración, anunció la administración de la gobernadora Mikie Sherrill el viernes 13 de noviembre.

El dinero financia la Detention and Deportation Defense Initiative (Iniciativa de Defensa contra la Detención y Deportación) del estado, que proporciona representación legal gratuita para residentes de bajos ingresos de Nueva Jersey en procedimientos de expulsión.

En junio, Sherrill, la gobernadora demócrata, y líderes de la Legislatura estatal controlada por los demócratas anunciaron la expansión, que pasó de $8.2 millones.

El estado señaló que los fondos están destinados a extender los servicios legales a todos los detenidos de bajos ingresos en Delaney Hall que aún no tienen un abogado. El centro de detención de inmigración de 1,000 camas en Newark, operado por la empresa privada de prisiones GEO Group, ha llamado la atención desde su apertura en mayo de 2025. 

La Oficina de Supervisión de Detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos encontró 22 deficiencias de los estándares nacionales de detención en Delaney Hall después de una visita en septiembre, casi el doble de las 12 listadas en 2025. Estas incluían atención médica inadecuada y retrasos en los exámenes de salud iniciales para los nuevos detenidos. 

En agosto, la Fiscal General del estado, Jennifer Davenport, anunció una investigación de derechos civiles sobre las condiciones en la instalación. 

“Todas las personas en este país tienen derecho a un debido proceso y a una audiencia justa según la ley, independientemente de dónde hayan nacido”, comunicó Sherrill en un comunicado. 

Sherrill afirmó que la administración del presidente Donald Trump está “aumentando la actividad de ICE y creando obstáculos imposibles para que las personas enfrentando detención y deportación puedan manejarlos por sí solas”.

El Comisionado de Servicios Humanos del Estado, Stephen Cha, calificó la financiación como la “inversión más grande en la historia del programa”.

A diferencia de los acusados en un tribunal penal, las personas en casos de deportación generalmente no tienen derecho a un abogado designado por el gobierno.

A nivel nacional, el 47% de las personas que enfrentan la deportación en los tribunales de inmigración carecen de asesoría legal, según el Instituto Vera de Justicia.

En los casos decididos desde los años fiscales 2019 hasta 2024, el 62% de los inmigrantes sin abogado fueron ordenados a deportación, en comparación con el 27% de aquellos con asistencia legal, encontró el Consejo Americano de Inmigración.

Alrededor de $13 millones se destinarán a los proveedores actuales: Legal Services of New Jersey y sus sub-beneficiarios, el American Friends Service Committee, la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall y la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers.

Alrededor de $5 millones se destinarán a tres nuevos proveedores con experiencia en defensa de remoción: la Oficina del Defensor Público de Nueva Jersey, Church World Service y el New Jersey Consortium for Immigrant Children (Consorcio de Nueva Jersey para Niños Inmigrantes). 

Dos proveedores nuevos más, la Immigration and American Citizenship Organization (Organización de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense) y Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Newark, compartirán alrededor de $1.2 millones para ampliar su capacidad de manejar casos de deportación.  

El International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate) recibirá alrededor de $1 millón como la entidad coordinadora del programa.  

Los nuevos proveedores necesitarán tiempo para aumentar su actividad. La Oficina de Nuevos Americanos del estado, que supervisa el programa, anunció un proceso de licitación competitiva a finales de agosto y emitió premios preliminares a fines de octubre.  

Las cartas de adjudicación final se enviaron la semana del 9 de noviembre, pendientes de apelaciones y negociaciones.  

“Los proveedores seleccionados necesitarán tiempo para contratar abogados y ampliar el personal antes de poder ofrecer servicios a plena capacidad”, señaló el estado. Para aumentar la capacidad más pronto, la oficina incrementó la financiación para los proveedores existentes bajo sus contratos actuales. 

El programa comenzó en 2018 bajo el entonces gobernador Phil Murphy con aproximadamente 2 millones de dólares de financiación estatal. Un informe de 2020 encontró que los abogados abrieron más de 850 casos en el primer año del programa y ayudaron a conseguir la liberación de la detención para más de la mitad de los inmigrantes que representaban. 

El Subcomisionado Estatal de Servicios Sociales, Michael J. Wilson, indicó que el estado apoyará a los proveedores “en desarrollar su experiencia existente y prepararse para satisfacer la creciente necesidad de servicios legales”. 

El estado también lanzó la Iniciativa de Respuesta Legal Rápida en junio. La iniciativa recluta y capacita a abogados voluntarios para la defensa de inmigración de emergencia, con capacitación proporcionada por la Universidad Seton Hall. 

Más de 150 abogados han participado en la capacitación sobre peticiones de habeas corpus, litigios federales e intervenciones legales de emergencia, señaló el estado. Cualquier abogado con licencia en buen estado puede ofrecerse como voluntario a través de un formulario de inscripción. 

Cuando se anunció el aumento en junio, los críticos, incluidos algunos republicanos, señalaron que el gasto era difícil de justificar ya que los residentes de Nueva Jersey enfrentan altos impuestos y presión presupuestaria. 

Ese mes, Sherrill también enfrentó críticas de activistas progresistas y algunos funcionarios demócratas por las tácticas de la Policía Estatal fuera de Delaney Hall. 

El presidente del Senado Estatal, Nick Scutari, expresó en ese momento que los derechos legales de los detenidos “no deberían ser comprometidos ni ignorados”. 

Los residentes de Nueva Jersey detenidos por ICE que necesiten ayuda legal pueden completar el formulario de referencia en el sitio web del estado. Las familias que buscan un abogado para un niño sin acompañante pueden usar el formulario en línea del Programa de Representación Legal para Niños y Jóvenes o llamar al 201-305-9217. 

El estado también publicó orientaciones sobre cómo encontrar ayuda legal segura y cómo detectar estafas de inmigración. Las estafas pueden ser denunciadas a la División de Asuntos del Consumidor del estado mediante la presentación de una queja.

Esta traducción fue proporcionada por El Latino News, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by El Latino News, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ.com and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

Author